CRÓNICAS EN EL JUBILEO

 

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En días del mes de diciembre de 2022

«CRÓNICAS EN EL JUBILEO»

(En días del mes de diciembre de 2022)

 

«LA IMPOPULAR OPINIÓN»

CESAR, respondió a Considio:

«¿Entonces, por qué no te quedas tú también en casa por temor a eso? [miedo a las armas y a  los soldados

CONSIDIO replicó:

«PORQUE MI VEJEZ ME HACE NO TENER MIEDO: LO POCO DE VIDA QUE TODAVÍA ME QUEDA NO EXIGE MUCHOS CUIDADOS»

(Vidas paralelas: Alejandro-César. PLUTARCO).

 

 

«A PROPÓSITO DE LA TORTICERA ACTIVIDAD LEGISLATIVA»

(«LA DESCONTROLADA DIGITALIZACIÓN»)

José María López Geta (en el jubileo)

 

Ya en las postrimerías del presente año 2022, procederemos a realizar un breve repaso de los acontecimientos más destacados, en lo jurídico-tributario, que han sucedido en el tiempo más inmediato (meses de octubre-diciembre), sin perjuicio de la referencia a ciertos aspectos presentes a lo largo de todo el año 2022 que constituyen el contexto en que se despliega ese ordenamiento-jurídico-tributario. A tales aspectos nos referiremos en primer lugar.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, y como continuación de un comportamiento compulsivo que arranca desde el mismo momento en que Covid-19 se hizo presente en nuestras vidas, ha quedado constatada fehacientemente la presencia de un «Ejecutivo-Legislador», primero silenciando a las Cortes Generales, en una decisión condenada por el Tribunal Constitucional, y luego eludiendo torticeramente disposiciones establecidas para evitar errores materiales y sustantivos en la producción normativa.

Como nunca hasta el presente, el Gobierno ha renunciado espuriamente a la utilización de los Proyectos de Ley para emboscarse tras Proposiciones de ley y así poder remover los obstáculos que según ese Gobierno podían suponer los puntos de vista y opiniones de Órganos consultivos configurados a tal fin o, en su caso, la confrontación parlamentaria. Y que ese Gobierno es plenamente consciente de que su proceder es cuestionable, lo constituye el hecho de querer hacerse, mediante arteras maniobras, con el control del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional para evitar en el futuro más anatemas de inconstitucionalidad. Claro que eso es posible porque hay Jueces y Magistrados que se prestan a ello por convencimiento ideológico.

Siento no conocer al autor de la frase tan acertada de «legislar para la foto» que expresa con claridad meridiana tantas situaciones en las que el actual Presidente del Gobierno ha anunciado disposiciones «non natas» como si fueran ya Derecho positivo, de ahí que la tropa de «leguleyos» que campan por la Presidencia del Gobierno  tuvieran que prestarse de inmediato a la elaboración de anteproyectos en los que plasmar las ideas, improvisadas o no, lanzadas por el «Líder Supremo». Solo la existencia de tal legión, puede haber hecho posible la «evacuación» de cientos y cientos de páginas que a modo de preámbulo o exposición de motivos preceden a los textos de Derecho positivo, de modo que siempre superan los contenidos de esos textos legales o se adentran en consideraciones  que, a veces, nada tienen que ver con el sentido o alcance de dichas normas.

Prácticamente, todo el ordenamiento jurídico ha sido alcanzado por un proceder legislativo que en la mayoría de los casos solo pretende demostrar que «estamos aquí». Un número sin precedente de Reales Decretos-ley y Leyes fruto de proposiciones de Ley, nacidas de espaldas a la idea esencial de que esas normas afectan trascendentalmente a la vida de las personas, por lo que una evaluación adecuada y fiable de las situaciones sociales del momento, de los efectos directos e indirectos de las proyectadas normas, es esencial.

En definitiva, una política legislativa solo pensada para impactos inmediatos, ¡para un día de gloria en el BOE!, no puede dar lugar a otra cosa que a lo que se ha denominado un «enfangamiento institucional», una política legislativa que solapadamente se pretende culmine en un proceso constituyente derogatorio, por ejemplo, del artículo 2 CE que constituye una de las columnas vertebrales del ordenamiento jurídico constitucional.

Y ante los propósitos revisionistas de lo que en el año 1978 se acordó por un muy elevado número de votos a favor, surgen preguntas inevitables ¿Qué los molesta? ¿Qué los parece insoportable?: ¿La unidad de la Nación? ¿La existencia de una patria común? ¿La solidaridad interregional?, ¿El principio de legalidad? ¿La jerarquía normativa? ¿La seguridad jurídica? ¿La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Cómo calificar a quienes apoyados económicamente por terceros países ponen en peligro esos principios o valores de los que es depositaria la Nación española? (Alta traición: traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado [RAE)/delito que se comete sirviendo al enemigo de la Patria [M. Moliner].

A estas alturas, pocos serán los que no vean los muchos aspectos positivos que conlleva el  proceso técnico de la digitalización que recibe impulsos por doquier. Pero no puede obviarse que, en el caso de la actividad administrativa, tal proceso «no está bajo control». Parece, y en opinión de muchos, que las Administraciones públicas están pensando en la digitalización como un proceso al servicio de su propia conveniencia, asumiendo de facto que, junto a las habituales cargas administrativas, los administrados han de soportar las derivadas del empleo de técnicas informáticas.

Técnicas las más arriba citadas que no es fácil, cuando no imposible, de asimilar por importantes sectores de la población para los que, hoy por hoy, la digitalización se alza como un  obstáculo  para la recepción de ayudas públicas o la adquisición de ciertos servicios públicos. Y los más necesitados de tales ayudas, son precisamente personas con salud mental complicada o condiciones cognoscitivas limitadas, con independencia del núcleo de personas con buena salud mental pero con capacidades físicas menguadas por razón de la edad a las que no les es fácil adaptarse a las nuevas tecnologías como tampoco podrán adaptarse a las que se les planteen en el futuro a quienes hoy se ven con suficiencia supina [con displicencia, cuando no desprecio] por razón de sus «elevadas» con competencias digitales.

En el ámbito de las Administraciones públicas estatales, existen dos casos paradigmáticos. El primero, el del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuya titularidad ostenta el inefable Sr. Escrivá que tenía «soluciones mágicas para todo», en aquellos tiempos en los que era la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y flagelador del Ejecutivo del momento. Particularmente, el citado Departamento ministerial ha «enrarecido» el ámbito del ingreso mínimo vital; por razones exclusivamente políticas y ambición de su «mandante» ha invadido el espacio en el que las Comunidades Autónomas se desenvolvían, con orden y suficiencia, para atender a las personas sin recursos, siendo así que algunas importantes Comunidades Autónomas estaban dando solución a la problemática de un modo más eficiente que ahora lo viene haciendo el Estado.

Y para remate, el Ministerio del Sr. Escrivá ha «enfangado» los procedimientos administrativos conducentes a la obtención del ingreso mínimo vital pues, precisamente, las personas más necesitadas se ven incapaces de circular por los cauces administrativos abiertos: i) tendrán que disponer de Internet, con su consiguiente ordenador; ii) acreditar que se encuentran  en  situación de vulnerabilidad económica, etc. Para el Sr. Escrivá, parecerá  una quimera que su Ministerio [con los datos de la Seguridad Social o de la AEAT] se dirija a las personas vulnerables para resolver las situaciones, pero él sabe que hay Administraciones Públicas de otros países en que no constituye tal quimera, que son  ellas las que toman la iniciativa en la «localización» de los posibles necesitados del ingreso mínimo vital pues no cabe pensar que tales necesitados sean un grupo social aislado, al margen del obligado conocimiento estatal.

El otro caso paradigmático es el de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la que la normativa ha permitido continuadamente en el tiempo: el robustecimiento de su «poderío» casi omnímodo (propio del Gran Hermano); el aprovechamiento al máximo del mecanismo de las autolidaciones; recabar, con una amplia panoplia de declaraciones informativas de multitud de datos, no siempre con trascendencia tributaria y distribuidos por doquier entre los más diversos medios administrativos y judiciales.

Y, finalmente, la normativa de «moda» ha facilitado a la AEAT la implantación «SIN PIEDAD» de la digitalización principalmente en beneficio propio, proceso que no tiene vuelta atrás según manifestación de la Directora del Departamento de Gestión tributaria (AEAT) y cuyos resultados perjudiciales para la ciudadanía serán corregidos no por un Halcón de los que tantos anidan en la AEAT, sino por una «águila pescadora» cual es la actual Directora de la AEAT con lo que queda dicho todo. Habrá que esperar a cómo el Tribunal Supremo contempla la política de sometimiento de los administrados a la conveniencia de la Administración Tributaria Estatal.

Y lo expuesto en los dos casos citados se completa para todas las Administraciones públicas con la referencia a la «práctica administrativa de la cita previa», y decimos «práctica» por cuanto entendemos que carece de fundamento legal alguno, como las tramitaciones vía telefónica. Todo acaba en el convencimiento de las Administraciones públicas de que cada día que pasa son más eficaces y eficientes y a las que cada día llega de modo más lejano la voz de la ciudadanía. Y él no va más,  el repetido argumento: «Qué quiere que haga yo, es lo que dice el ordenador, recurra Vd., tome un impreso». En fin, que en las empresas privadas existirán comportamientos egoístas, pero eso no se puede consistir a la «Empresa pública y a sus empleados» pues la pagamos los contribuyentes con las cargas impositivas.

En estos días en los que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han tenido un especial protagonismo político, lo cual en sí mismo es rechazable, hemos sido testigos de las reflexiones habidas en torno a la necesidad imperiosa de que se respete la «División de Poderes» como elemento básico de un verdadero régimen democrático y en el que algunos ven un peligro para su supervivencia política o sus ansias de autoritarismo como forma de ejercer el Poder Ejecutivo.

Es fundamental que en la ciudadanía se instale la convicción sin fisuras de que cuando los Tribunales de Justicia y el Constitucional se pronuncian lo hacen en conciencia y por su recto conocimiento, bien que sus Fallos sean favorables o desfavorables a la posición de cada cual. A propósito de la actividad del Tribunal Constitucional (en adelante, TC), no podemos dejar de hacer referencia a dos relevantes sentencias que hemos conocido muy recientemente, en el mes de noviembre/2022: Sentencias 145/2022, de 15 de noviembre (Recurso 256/2022) y 147/2022, de 29 de noviembre (Recurso 3209/2019).

La primera de dichas sentencias vuelve sobre los límites a que ha de ajustarse el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que los Gobiernos tienen la propensión a no respetar y que las Cortes Generales respaldan. El TC reitera con sumo detalle su doctrina en la materia, y estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final vigésima («Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social») de la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Declara el TC:

«En consecuencia, la atribución al orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los  actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre no tiene relación directa con el contenido propio de las leyes presupuestarias, ni es complemento indispensable de las mismas. Debe concluirse, pues, que la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2022, objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad desborda la función constitucionalmente reservada a este tipo de leyes y vulnera el art. 134.2 CE»

La segunda de las antes mencionadas sentencias del TC, se refiere a la siempre espinosa cuestión de las notificaciones y el esfuerzo que han de hacer, y demostrar, las Administraciones Publicas (y en esta ocasión la Agencia Estatal de Administración Tributaria. AEAT), para que los actos administrativos lleguen efectivamente a conocimiento de sus destinatarios/as. Las conclusiones finales incluyen una severa reprimenda a la AEAT:

«Debemos insistir, a riesgo de ser reiterativos, en el hecho de que la Agencia Tributaria supo que la interesada no tuvo conocimiento del requerimiento del que fue objeto por vía electrónica; y sin embargo, no empleó formas alternativas de comunicación, a fin de advertirla del procedimiento de comprobación limitada que había iniciado y de la documentación contable que recababa, de suerte que la liquidación provisional finalmente practicada no tuvo en cuenta la eventual incidencia de los datos que los libros y las facturas solicitados pudieran contener. Y al desconocer el objeto de las notificaciones que se remitieron a su dirección electrónica habilitada, aquella tampoco pudo impugnar temporáneamente, incluso en sede judicial, la liquidación provisional finalmente practicada, lo que redundó en detrimento de su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, aun cuando el procedimiento seguido por la administración tributaria no tuviera carácter sancionador.

A la vista de lo expuesto, si bien el supuesto de hecho ahora enjuiciado presenta diferencias no menores con el analizado en la STC 84/2022 ya citada, no obstante cabe formular la misma consideración que se recoge en su fundamento jurídico; a saber, que ante “lo infructuoso de las comunicaciones practicadas por vía electrónica, la administración debería haber desplegado una conducta tendente a lograr que las mismas llegaran al efectivo conocimiento de [la] interesad a],pues a ello viene obligada conforme a la síntesis doctrinal expuesta”»

Y, a mayor «ensañamiento», el TC dispone la retroacción de actuaciones a fin de que la Agencia Tributaria proceda de manera respetuosa con el derecho fundamental lesionado.

Sobre la que hemos calificado anteriormente como espinosa cuestión [las notificaciones], se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 1322/2022 (Sala Tercera-Sección 2ª-Rec. 5517/2020), de 18 de octubre de 2022, cuya lectura aconsejamos pues el «marco» legal de las notificaciones queda dibujado casuísticamente. Sin perjuicio de la remisión aconsejada, dejaremos constancia de algunos apuntes relevantes:

«Ninguna norma tributaria prevé, y limita, que las notificaciones tributarias se hagan por un determinado medio o por un determinado personal»

«Cabe convenir que a la cuestión con interés casacional formulada en el auto de admisión, de "si, a las notificaciones practicadas por la administración tributaria a través de un empleado de Correos le son de aplicación los preceptos del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales", la respuesta ha de ser positiva»

«En reiteradas ocasiones este Tribunal, como se hace eco la parte recurrente, ha proclamado que la notificación edictal debe representar el último remedio para hacer posible el principio básico de eficacia de las Administraciones Públicas […]»

«Como ya se ha avanzado nos encontramos ante un tema extremadamente casuístico, pero a golpe de sentencias se ha ido construyendo unas reglas que aportan seguridad jurídica y que pretenden, con su aplicación al caso concreto, aportar la suficiente certidumbre para solucionar los casos que la realidad escenifica. Como compendio de lo dicho valga por todas la sentencia de 11 de abril de 2019, rec. cas. 2112/2017, citada por la recurrente, en la que se dijo que:

«De lo dicho hasta ahora, el presupuesto del que partir es que efectivamente la notificación llevada a cabo por el servicio de correos no respetó las formalidades que exige el art.º 42.1 de su reglamento. La cuestión se traslada a determinar si nos encontramos con formalidades sustanciales o secundarias y los efectos derivados.

Recientemente este Tribunal Supremo ha resuelto un caso en el que se dilucidaba, desde la óptica que nos interesa, el carácter y alcance de los " avisos de llegada". Nos referimos a la sentencia de 27 de julio de 2022, rec. cas. 5544/2021, que hace un exhaustivo recorrido por las sentencias que han ido moldeando la jurisprudencia sobre la materia, entre las que se encuentra la que a continuación referimos […]»

No menos interesantes son otras Sentencias del Tribunal Supremo que se han dado a conocer tanto en el mes de octubre [2022] como en el mes de noviembre [2022] y emanadas de la Sección 2ª de la Sala 3ª que persevera en su trayectoria de  mantenimiento de un equilibrio interpretativo al respecto de todas aquellas situaciones en que los derechos y garantías de los administrados puedan verse comprometidos, «llamando al orden» a las Administraciones Públicas en todas aquellas situaciones en que el principio de seguridad jurídica, y sus concretas manifestaciones, pudiera no ser respetado. En este sentido se manifiesta la  Sentencia 1237/2022 (Rec. 5518/2020), de 4 de octubre que, en su fundamento jurídico cuarto, dice así:

«Reiteradamente se ha declarado por esta Sala que del derecho a una buena Administración pública derivan una serie de derechos de los ciudadanos con plasmación efectiva, entre los que se encuentran el derecho a la tutela administrativa efectiva y, en lo que ahora interesa, a una resolución administrativa en plazo razonable, lo que conlleva que los derechos de los contribuyentes no pueden quedar al albur de la Administración»

Sobre la indispensable claridad en la redacción de las normas («derecho a una buena regulación»), la Sala 3ª del Tribunal Supremo se ha pronunciado bastantes ocasiones y una vez más vuelve sobre la cuestión, ahora con motivo de la interpretación del artículo 27.5 de la Ley General tributaria, en redacción derivada de la Ley 36/2006 (Sentencia 1280/2022. Rec. 6385/2020) de 13 de octubre:

«En la sentencia 442/2020, de 18 de mayo, rca 2787/2017, ECLI:ES:TS:2020:968 expresamos que ese precepto," [...] no es, desde luego, un ejemplo de claridad en la redacción, no ya solo desde el punto de vista gramatical, sino en relación al contenido de la institución que regula. Hace, en efecto, una especie de totum revolutum que dificulta su comprensión, al mezclar en un solo apartado el pago del resto del recargo, el de la deuda tributaria y las decisiones sobre aplazamiento o fraccionamiento."

Por tanto, sentencias anteriores ya alertan de que el precepto transpira confusión, hasta el punto de que, conforme esboza este recurso de casación, resultaría posible indagar dos interpretaciones diferentes:[…]»

La agresividad que la Administración Tributaria Estatal viene acreditando en materia de aplicación de la responsabilidad solidaria, está encontrando en los Tribunales de Justicia la respuesta que en Derecho merece. Así el Tribunal Supremo en Sentencia 1308/2022  (Sala Tercera, Sec.2ª. Rec.6321/2020), de 14 de octubre, al enfrentarse con la cuestión que se le plantea [interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia] ofrece una respuesta que es la lógica menos para la Administración de referencia, si bien el pronunciamiento se produce respecto de una norma que ya ha sido sustituida por la vigente a partir de la Ley 7/2012. En cuanto a la interpretación de la redacción originaria del artículo 67.2. de la Ley General Tributaria, el Tribunal dice:

«El dies a quo del plazo de prescripción de la potestad de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias a los responsables solidarios por estar incursos en la causa legal del art. 42.2 LGT -expresión legal, la de exigir el pago, que comprende el plazo para declarar la responsabilidad solidaria- comienza a correr desde que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de tal responsabilidad, esto es, desde que los actos de transmisión u ocultación tuvieron lugar, con independencia del momento en que tenga lugar la declaración relativa a la obligación principal de la que aquélla es subordinada.

Lógica consecuencia de lo expuesto es que, en el caso que nos ocupa, habían transcurrido con creces los cuatro años desde la celebración de los actos de transmisión patrimonial que constituían el presupuesto de la responsabilidad, actos, por lo demás, documentados en instrumentos públicos que la Administración no niega haber conocido o podido conocer, hasta el inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad. Por tanto, la sentencia de instancia, al considerar prescrita la acción de la Administración, es acertada y debe ser confirmada, con declaración de no haber lugar al recurso de casación promovido contra ella por la Administración General del Estado»

Tras considerar que la nueva redacción del artículo 67.2 antes citado no puede ser considerada como aclaratoria o interpretativa de la anterior [corrección sustantiva perjudicial para el tardíamente declarado responsable solidario] el Tribunal aclara que la doctrina que sienta no cabe extenderla a la nueva redacción pues tal cuestión no se ha suscitado, pero de los términos de la sentencia no es difícil anticipar cual será el fallo cuando la cuestión se plantee ante el Tribunal Supremo.

Si bien que en otro ámbito, el de la imposición sobre la renta de las personas físicas, y en el mismo mes de octubre /2002, hemos conocido una relevante y trascendente (por cuanto que consolida una evidente ampliación del hecho imponible) pronunciamiento del Tribunal Supremo como lo es la Sentencia 1269/2022 (Rec.5110/2020STS 3585/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3585) de 10 de octubre. La cuestión sobre la que se había de pronunciar la Sección 2ª de la Sala Tercera es la siguiente:

«determinar en qué casos la compensación percibida por el comunero, a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve el condominio, comporta para dicho comunero la existencia de una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, teniendo en consideración la posible diferencia de valoración de ese bien entre el momento de su adquisición y el de su adjudicación y, en su caso, que aquella compensación fuera superior al valor de la parte proporcional que le correspondiera sobre ese bien»

Y el pronunciamiento ha levantado algunas «ampollas» por cuanto que rompe, en opinión de una buena parte de los comentaristas, con el principio de «favorecimiento  de los procesos de disolución de los condominios» que se consagra en el Código Civil y que la Jurisprudencia ha trasladado al ámbito fiscal. Dice así la sentencia de referencia:

«[…] la compensación percibida por un comunero, a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve el condominio, comportará para dicho comunero la existencia de una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, cuando exista una actualización del valor de ese bien entre el momento de su adquisición y el de su adjudicación y esa diferencia de valor sea positiva»

Principio de favorecimiento de la extinción de los condominios que parecía inamovible pero que, al menos en el caso que contempla la Sentencia de referencia, se ha arrumbado por la aplicación de un precepto sumamente confuso en su redacción cual es el contenido en el último párrafo del apartado 2 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a cuyo tenor: «Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos».

Salvo que mediase un cambio normativo, lo que no parece muy probable, es previsible que la actuación de la Administración Tributaria traerá importantes complicaciones en supuestos diversos (extinciones en caso de divorcio, del condominio de bienes heredados, etc.). De no producirse tal cambio la situación se consolidará pues es improbable que el Tribunal Supremo vuelva sobre tal criterio interpretativo por evidentes razones de técnica procesal.  

En la sección correspondiente del número 19 de la Revista «SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO» [que distribuye la Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros (www.fundef.org)] junto a los pronunciamientos del Tribunal Supremo a los que nos hemos referido hasta aquí, se recogen otros también relevantes (publicados en octubre/2022) como lo son asimismo los dados a conocer en el mes de noviembre/2022 de los que nos permitimos destacar a continuación los más significativos en nuestra opinión.

La Sentencia 477/2022 (Rec.5899/2020), de 14 de noviembre, se pronuncia sobre una cuestión que con cierta frecuencia se ha venido dando en el curso de la comprobación tributaria y sobre la que hay que volver: existiendo petición de información con trascendencia tributaria a otro Estado, al amparo del artículo 103.a) RGIT, y sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, la inspección dicta una liquidación provisional, al socaire de los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT. La respuesta al interrogante fue la siguiente:

« […] abierto un periodo de interrupción justificada por la Inspección, al amparo del art. 103.a) del RGIT, por la petición de información dirigida a las autoridades fiscales de otro Estado, no puede la Inspección, sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, dictar una liquidación provisional, toda vez que no concurre el presupuesto de que la “comprobación con carácter definitivo no hubiere sido posible” que prevén los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT»

Por su parte, la Sentencia 1570/2022 (Rec. 1393/2021),  de 25 de noviembre de 2022, se pronuncia al respecto de la siguiente cuestión:

 «Determinar si la garantía prestada por el deudor principal es trasladable a los responsables solidarios, de forma que estos puedan obtener la suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin necesidad de prestar garantía en vía administrativa, con la sola invocación de que el deudor principal prestó la correspondiente garantía para responder del pago de la deuda tributaria; o si, por el contrario, la Administración puede exigir la garantía a todos y cada uno de los responsables solidarios, de manera que las medidas acordadas respecto del deudor principal no resulten extrapolables a los responsables solidarios»

Dejando a un lado el supuesto en que la garantía prestada por el deudor principal no fuese suficiente, la sentencia resuelve en los siguientes términos:

«[…] la garantía prestada por el deudor principal es trasladable a los responsables solidarios, de forma que estos puedan obtener la suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin necesidad de prestar garantía en vía administrativa, con la sola invocación de que el deudor principal prestó la correspondiente garantía para responder del pago de la deuda tributaria».

Finalizaremos los presentes comentarios, volviendo al principio, a referirnos al malhadado  «Ejecutivo-Legislador», cuya actividad en el último mes del año 2022 ha sido acelerada, como si el mundo estuviera a punto de desaparecer, frenética, con un evidente propósito: «limpiar la mesa de papeles» y así poder prestar en el año 2023 la máxima atención posible al despliegue de las compañas electorales que se avecinan y a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que tras ser desempeñada por Suecia en el primer semestre de 2023, en el segundo  será asumida por el Reino de España.

El Boletín Oficial del Estado correspondiente al citado mes de diciembre, ha incluido en sus páginas,  por lo que respecta tan solo al ámbito tributario,  diez Leyes ordinarias (más una Ley Orgánica y un Real Decreto-Ley) y entre las que se encuentran la «malnacida» Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, las creadoras de nuevos tributos, y las no menos trascendentes modificadoras del régimen de cesión de tributos. Si a las leyes citadas, unimos las publicadas y entradas en vigor en otros ámbitos, creemos que no puede considerarse desacertado el calificar, como antes hiciéramos,  la actividad legislativa de referencia como frenética.

En el número 20 (que en fechas próximas será distribuida) de «SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO encontrará el lector/a de las presentes líneas el análisis detallado de las mencionadas modificaciones normativas, en particular de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y a propósito de la citada Ley (malnacida) y  del malhadado «Ejecutivo-Legislador» se nos viene a la mente aquellas palabras que W. Shakespeare pusiera en boca de Ricardo III:

 «¡Qué decir! El mundo va tan mal que un pájaro caza donde un águila no osaría posarse. Desde que los donnadies se han vuelto caballeros, más de un caballero se ha vuelto un donnadie».

 

 

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