«LA AEAT [CUAL GORRONA]
ASISTIÓ A UNA BODA A LA QUE NO ESTABA INVITADA»
Allá por
julio de 2019, cuando disfrutábamos [por la amabilidad de
Wolters Kluwer] con la dirección de CARTA TRIBUTARIA.REVISTA DE
DOCUMENTACIÓN, comenté en el Editorial del Número 52 (julio
2019) el caso de la «BODA EXTREMEÑA». No faltaron quienes
mostraron su disconformidad con tal comentario pues [decían]
implicaba crítica malévola a funcionarios de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que actuaban en cumplimiento de su
deber y el mandato de los superiores; y esa conclusión en modo
alguno era acertada, se trataba de relatar objetivamente unos
hechos.
En todo
caso, lo que teníamos claro entonces y ahora es que los
funcionarios públicos a quien tienen que proteger es a la
ciudadanía, que su actuación debe estar presidida por el respeto
máximo al Derecho, sin que la más mínima vulneración de los
derechos de los administrados pueda venir justificada por la
eficacia/eficiencia en la lucha contra el fraude.
Comportamientos que probadamente sean contrarios a Derecho deben
ser sancionados públicamente, pues ello precisamente refuerza la
fe de la ciudadanía en «sus funcionarios» que están para
protegerla a ella que tiene depositada su confianza en el
Estado.
El
anterior recordatorio lo ha provocado un titular del «DIARIO HOY
BADAJOZ» (9 de junio de 2021): «HACIENDA, CONDENADA A PAGAR
6.000 EUROS A LA PAREJA CUYA BODA INTERRUMPIÓ». En crónica
que firma NATALIA REIGADAS, podemos conocer las consideraciones
de las que parte la Audiencia Nacional para imponer esa condena
(Se recogen párrafos aislados, aconsejándose la lectura completa
de la crónica de referencia o, en su caso, de la sentencia
misma):
«La
actuación de los funcionarios de la Agencia Tributaria fue
desproporcionada. Cierto es que se trataba de retener el crédito
que la boda suponía para la empresa de cáterin por sus deudas
con Hacienda. Pero no todo vale para que la Agencia Tributaria
alcance sus fines. La todopoderosa Agencia Tributaria tiene a su
disposición medios más que suficientes para lograr el cobro de
los impuestos sin tener que humillar a un deudor ante sus
clientes y, de paso, arruinar a los novios –terceros ajenos a la
deuda– la celebración de su boda con alrededor de 100 invitados»
[«Los
novios contaban con una habitación privada con baño propio en la
finca en la que se casaron. Las primas indicaron que, al salir
del aseo con la novia, se encontraron «sorpresivamente» a dos
personas en la habitación. «Una de ellas sentada en el
escritorio, con una botella de agua y el ordenador, como si
estuviera en su casa», dijo la testigo. Uno de los individuos
les dijo que eran de Hacienda y que venían a embargar la boda,
que la celebración se iba a parar si no firmaban unos
documentos»]
«Resultaba más fácil, cómodo y, sobre todo, espectacular,
presentarse en la boda, denostando la fama del empresario que
servía el cáterin y amedrentando a unos novios con embargarles
la boda», [...] «la deshumanización de los cobradores no debe
permitirse hasta estas cotas».
[El
informe de la Guardia Civil recoge que los trabajadores de la
Agencia Tributaria «no mostraron documento, expedientes o
justificación del requerimiento que trataban de realizar a los
novios»]
«Hay
casos, como el enjuiciado, en que los perjuicios morales son
notorios. Los novios tendrán para siempre un mal recuerdo de
lo que pudo y debió ser uno de los días más felices de su vida»,
indica el fallo que añade que las 4 horas de presencia de los
funcionarios causaron daños como que «no se llevó a cabo el
corte de la tarta nupcial, no se sirvió el champán, los
camareros estaban descoordinados, los novios en un estado
comprensible de ansiedad, desasosiego e indignación. Marcar con
estos desagradables recuerdos el día de la boda de la pareja no
tiene precio».
Y ahora,
conocido el final de la amarga peripecia para «todos»
(ciudadanía y funcionarios públicos competentes y respetuosos
con los derechos objetivos y subjetivos de los demás) iremos a
los antecedentes que recogíamos en el Editorial más arriba
citado:
«A
propósito de la cuestión de los procedimientos y garantías (?)
del contribuyente traeremos a colación una actuación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria que no sabemos si
será investigada de oficio o por queja de los afectados, pero
que en todo caso merecería algún reproche jurídico
administrativo-penal. Nos estamos refiriendo al caso de la boda
de una pareja extremeña que contó con la presencia en la
celebración de funcionarios de la AEAT y miembros de la Guardia
Civil que acudió (no estando invitados) en auxilio de dichos
funcionarios. Una «Historia para no dormir» («Somos de Hacienda,
su boda está embargada») que incluso el gran maestro,
recientemente fallecido, Narciso Ibáñez Serrador no habría sido
capaz de imaginar.
Contaba
el Diario HOY Badajoz, 18 de junio de 2019 (Información de
Natalia Reigadas) lo siguiente:
«Estaban
pasando uno de los días más felices de su vida. Sus 100
invitados disfrutaban de la comida y les pidió a dos de sus
primas que la acompañasen al baño. Su vestido de novia era muy
voluminoso, por lo que necesitaba ayuda y decidió buscar
intimidad en una habitación privada que la finca donde se
celebraba su enlace le había preparado. Al entrar vio a dos
hombres sentados en su cuarto con un ordenador portátil. Pensó
que se habían equivocado, pero no. Uno de ellos le pidió que
pasase, le enseñó una identificación y le dijo: "Somos de la
Agencia Tributaria. Hemos venido a embargar su boda".»
«Así
comenzó la pesadilla de dos novios que se casaron el pasado 1 de
junio en Badajoz. Todo era perfecto hasta que Hacienda
interrumpió su día. Al principio pensaron que los inspectores
buscaban pagos en dinero negro o investigaban los regalos, pero
no. No iban a por ellos. Según supieron después, tenían que
embargar el pago de su boda porque su empresa de catering debe
dinero a la Agencia Tributaria. El objetivo de los inspectores
era averiguar cómo era su contrato con este negocio e
interceptar el pago, es decir, que los novios le diesen el
dinero a Hacienda para paliar la deuda fiscal del catering.»
«Tras
identificarse a la novia, los inspectores pidieron que viniese
el novio. Cuando este llegó, le repitieron lo mismo. "Me senté y
pensé que era una broma. Tenemos amigos que organizan eventos,
conocen actores y estaba escuchando y pensando: me lo estoy
creyendo, pero esto es una broma", explica el afectado. Lo que
no esperaban es que su encontronazo con Hacienda tuviese segunda
parte. Acababa de empezar el baile cuando un camarero se acercó
a la novia. Me dijo que la Guardia Civil estaba fuera y que
querían hablar conmigo para que el novio no se pusiese nervioso,
que tenía que salir, que me iban a llevar por las cocinas para
no llamar la atención. Le seguí y acabé en el aparcamiento con
los inspectores y dos agentes de uniforme.»
«"La
Guardia Civil me pidió mis datos y me preguntaban cosas, pero de
verdad que no sabía qué pasaba, ni qué querían”, recuerda la
novia,»
«Dos
días después de la boda, los novios acudieron de nuevo a la sala
para recoger sus cosas e informar a la empresa de que no les
pagarían. Ese mismo día dos agentes de la Agencia fueron a su
casa y hablaron con la madre de la novia.»
Y al
final la historia terminó como debía haber empezado en Derecho
—tantas veces ausente cuando de la protección de los
ciudadanos/ciudadanas «corrientes» se trata — si se hubiesen
respetado las garantías legales:
«En
Venecia nos llegó por email el requerimiento para que
retuviésemos el pago y presentásemos los papeles del contrato y
la transacción. Más adelante nos darán un número de cuenta para
ingresárselo a Hacienda.»
El 20 de
junio de 2019, el medio de comunicación anteriormente citado,
publicaba la siguiente Nota:
«La
irrupción de dos técnicos de la Agencia Tributaria en la boda de
una pareja de Badajoz ha llegado al Ministerio de Hacienda. La
ministra del ramo, María Jesús Montero (justificó
ayer la
actuación de su departamento en declaraciones a Cope).»
«"En
concreto, en este caso, era la empresa de catering la que se
encontraba en una situación de embargo y lo único que se
comunicó fue para que no se produjese un pago vía transferencia
y que, por tanto, pudiera llegar a manos de la Agencia
Tributaria por esa orden de embargo que previamente estaba
cursada", dijo Montero.»
