(A propósito
del gasto público corrosivo y la necesidad de un presupuesto
base cero)
Con bastante
probabilidad, de aquí a finales del presente año 2026 se
continuarán asignando partidas de GASTO PÚBLICO fuera de un
marco único y consolidado establecido por las Cortes Generales
representativas de la voluntad popular. Continuaremos viendo
cómo cantidades dinerarias ingentes se destinan a la realización
de objetivos financieros y sociales sin una imprescindible
trasparencia, sin una verdadera estimación de la necesidad de
conseguir los objetivos propuestos, en definitiva sin una
valoración y real comprobación última de la eficiencia alcanzada
por el gasto publico aplicado. La cuestión adquiere una
dimensión casi dramática cuando median enormes fondos europeos
habilitados para la financiación de inversiones consideradas
decisivas para la superación de las ya frecuentes crisis
económico/sociales. El caso de las ayudas procedentes de la UE
resulta paradigmático en cuanto a opacidad.
Nos parece
oportuno recordar que en tiempos no lejanos, el Sr. Montoro,
ex-Ministro de Hacienda, «confesó» que cierto Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado había sido «diseñado» por si
el Partido Popular no alcanzaba mayoría absoluta como
consecuencia de los resultados electorales y había que ir a una
prórroga presupuestaria. Como nos reconoció una persona, hoy
tristemente desaparecida y buen conocedor de los movimientos
internos de dicho Partido, la posición del Sr. Montoro era
inamovible por ser el único capaz de elaborar unos Presupuestos
Generales del Estado.
Cuando (ambos muy
sonrientes en la foto oficial) intercambiaron la «cartera», la
Sra. Montero ex – Ministra de Hacienda («tanto monta, monta
tanto, Montoro como Montero») tuvo conocimiento del «modus
operandi» de Montoro y «tranquilizó a quien había que
tranquilizar»: se podía gobernar sin Presupuestos Generales del
Estado «sine die» (como corroboró quien de hecho se desenvolvía
como Ministro de «facto») de modo que en la actualidad estamos
con los Presupuestos/2023 prorrogados espuriamente, con una Ley
de Presupuestos Generales del Estado aprobada por unas Cortes
Generales que representaban a una ciudadanía distinta a la que
ahora representan.
Inevitablemente,
en el año 2027 la ciudadanía verá cómo se exigirá a los
«contribuyentes efectivos» (un importante sector de la población
no alcanza los ingresos determinantes para la adquisición de
dicha condición) un mayor esfuerzo fiscal tanto por Gobiernos
como el presente u otros futuros de signo político distinto que
se verán en la tesitura de mantener o aumentar ese esfuerzo
fiscal o dar un salto en el vacío de modo que una hipotética
«rebaja» tributaria se vea compensada, cuando no superada, por
un aumento de la actividad económica. Habrá que tener mucho
coraje para decidir el salto en el vacío. Por otra parte, no
puede olvidarse como la UE está siempre vigilante en materia de
los niveles impositivos.
Y llegado a éste
punto, un nuevo recuerdo, el de la personalidad muy relevante
del Profesor JOSÉ BAREA TEJEIRO (1923–2014; en lo sucesivo,
Prof. BAREA) con el que tuvimos la suerte y satisfacción de
coincidir cuando era (1977) Subsecretario de Presupuestos y
Gasto Público en el Ministerio de Hacienda y nosotros Secretario
(no Jefe) del Gabinete Técnico del Ministro de Hacienda (no
secretario personal del Ministro). En ciertas ocasiones,
despachamos con el Prof. BAREA la preparación de las Reuniones
de Subsecretarios. Persona, con fama de «terrible» carácter», de
la que conservamos en lo personal y profesional el mejor de los
recuerdos y por cuya senda de severo «Interventor» ya no
transita una gran parte de quienes actualmente desempeñan la
condición funcionarial de Interventores y Auditores del Estado
que, eso sí, ganaron en su momento la «batalla» planteada como
consecuencia de la asunción por la Inspección de Hacienda de
algunas de las actividades relacionadas con las finanzas
públicas (La denominación de Inspectores de Finanzas del Estado
y la atribución de competencia en dichas actividades,
desapareció).
Era el Prof. BAREA
un apasionado de la disciplina presupuestaria que tuvo ocasión
de llevar a la práctica las ideas [consolidación y control
fiscal) que exponía en su condición de Catedrático de Hacienda
Pública. Quienes aún puedan quedar de los que vivimos
(1976-1977) los momentos desastrosos de la economía española
(abordados por los conocidos como Pactos de la Moncloa)
recordarán el temor que infundían en los distintos Departamentos
ministeriales las propuestas del Prof. BAREA para la limitación
del gasto público (que alcanzaban incluso a las partidas
destinadas a material de oficina) y las amargas quejas de los
correspondientes titulares de dichos Departamentos.
En su primera
legislatura (1996–2000) como Presidente del Gobierno, José María
Aznar nombró al Prof. BAREA, con la categoría de Secretario de
Estado, director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia
del Gobierno. Y «ardió Troya», pero en muy escaso tiempo, y ante
la incredulidad de tantos, las «cuentas públicas» se sanearon
en términos tales que permitieron a España cumplir los criterios
de convergencia de Maastricht y la incorporación a la Unión
Monetaria. De hecho, el Prof. BAREA articuló un «presupuesto
base cero» pues bajo su dirección «su gente» evaluó con sumo
rigor los programas de gasto y propuso estrictos ajustes para lo
que contó con el pleno apoyo de Aznar [que, a la postre, no lo
sostuvo por razones políticas tal vez comprensibles en el
momento] hasta que BAREA pretendió abordar con el mismo rigor el
control del área de Pensiones y Seguridad Social (fue también
Secretario de Estado para la Seguridad Social).
En los últimos
años, con una Ley de Presupuestos Generales del Estado
prorrogada y manipulada, han proliferado las «vías de agua» que
ponen en peligro la estabilidad de las finanzas públicas e
introducen altísimo grado de confusión en las mismas
determinando la necesidad de acudir permanentemente, no en
situaciones de emergencia sino cotidianas, a la deuda pública
cuyo altísimo volumen se oculta mediante la maniobra torticera
de invocar el constante crecimiento del PIB y, en definitiva,
de las grandes magnitudes poco reveladoras de los efectos
inmisericordes del proceso inflacionario que no para y tiene
como víctima propiciatoria y principal la «cesta de la compra»
con la que cada día se provee la ciudadanía.
Se suele mantener
por la «oficialidad» que proporcionalmente la deuda pública de
la que deben responder otros países como USA, Francia, Alemania
o Reino Unido, es mayor que la española olvidándose que la
capacidad financiera de esos países es más potente que la de
España y por tanto su fortaleza para hacer frente a las crisis
económicas, de ahí que instituciones públicas (AIREF) y privadas
(FUNCAS, FEDEA y otras) estén continuamente advirtiendo sobre la
escasa capacidad de respuesta del Estado español ante posibles
crisis generales.
En la actualidad,
los mercados de deuda pública están viviendo momentos de gran
inquietud, en particular como consecuencia de la antes aludida
situación de USA, Francia, Alemania o Reino Unido, de modo que
cada vez se abre con mayor probabilidad la posibilidad de que
los Estados se vean obligados a ofrecer cada vez mayores
rentabilidades, fenómeno al que no es ajeno el que las grandes
tecnológicas y empresas de inteligencia artificial [americanas]
han entrado en el mercado financiero para obtener recursos
ofreciendo condiciones y altas rentabilidades que se pueden
permitir. Como se suele decir en estos casos, puede estar
acercándose la «tormenta perfecta» cuyos efectos el Tesoro
español tendrá que desplazar hacia las generaciones futuras no
siendo menor las consecuencias para las presentes generaciones.
La elaboración de
un «presupuesto base cero» podría hacerse con garantías [en
cuanto a contenido y plazos] bajo la dirección de Juan Bravo
-actual Vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras
del Partido Popular- que en sus tiempos de Consejero en la Junta
de Andalucía acreditó su capacidad en la materia. Pero habría
que tener mucha fortaleza política para afrontar las
consecuencias de aplicar, con la imprescindible trasparencia, la
metodología propia de un «presupuesto base cero» que, con casi
certeza absoluta, desataría las reacciones violentas de la
«progresía» principal beneficiaria del actual desorden de las
cuentas públicas, del gasto público «corrosivo».
Cualesquiera que
sean las amenazas de movilización social resulta vital, de cara
al futuro y por qué no decirlo al bienestar de las próximas
generaciones, someter a los distintos Ministerios al test de la
conveniencia de su existencia, de la adecuación de la parcela de
gasto público que tienen asignada a los criterios de necesidad
real y demostración de que cómo se asegura el cumplimiento de
los objetivos pretendidos. En mirada retrospectiva habrá que
someter a idénticos criterios a la pléyade de recientes
instituciones privadas que en su mayoría sin duda alguna han
nacido para dotarse de fondos públicos con los que atender
presuntas necesidades sociales de todo tipo.
Habría que cegar
los sumideros por donde se pierden cientos de millones de euros
-como revela la publicación en el Boletín Oficial del Estado y
Boletines y Diarios de las Comunidades Autónomas- por razón de
las subvenciones concedidas por los Gobiernos del Estado y las
Comunidades Autónomas. Un mínimo análisis revelará como un muy
alto porcentaje de subvenciones se destinan al sostenimiento de
la organización interna (con importantes retribuciones a sus
directivos) y aplicación mínima del «quantum» de las
subvenciones a los fines propios de las entidades no lucrativas.
Y todo ello sin oficial control efectivo de sus actividades.
Indudablemente, el universo de «setas» se levantará en armas
contando con el apoyo de tantos políticos, familiares y
amigos/as de los mismos, motivados todos por la «solidaridad» y
el «bien del prójimo», del «apoyo» a los más «necesitados» que
parecen ser ellos mismos.
El pesimismo
podría ser la repuesta al deseo de unas cuentas públicas
inspiradas en principios básicos como que: esas cuentas partan
de cero, cada euro de gastado tenga una justificación clara y
aporte valor; se eviten inercias, duplicidades y gastos que ya
no tienen razón de ser; se optimicen recursos y, en fin, cuando
así sea posible, seguimiento de una norma tan simple como la de
la relación coste/beneficio. El argumento «estas partidas en
estado siempre presente en el Presupuesto» debe quedar
desterrado para siempre. Solo iniciativas dirigidas a conseguir
gastos realmente necesarios y eficientes, sometidos a control ex
– post, deben aceptarse.
Es triste pensar
que a la postre acabaremos admitiendo que tales iniciativas
constituyen el sueño de una noche de verano, pero no perdamos la
esperanza de que algún día desaparecerán los infectos sumideros
alimentados con los resultados del sacrificio, del esfuerzo, de
tantos que fielmente contribuimos [a veces al borde de la
confiscación] al sostenimiento de los gastos públicos en
cumplimiento del artículo 31 CE.
HEMEROTECA (acceso a números anteriores)
